El Derecho es sin duda, el instrumento más importante para regular la convivencia humana, el cual se vale de reglas, hechos, principios y valores para estar al nivel que exige la sociedad en un contexto determinado.
De igual manera, la figura del juez como individuo y como institución es el eje central de la ciencia jurídica, porque lejos de simplemente aplicar la ley como era en la antigüedad, el juzgador de hoy en día realiza un ejercicio de interpretación, argumentación y a veces de crítica hacia la norma, dándole un sentido práctico dentro de la realidad, por lo que contribuye de esta forma a conseguir la eficacia de los derechos humanos.
De tal suerte, que es tanta la importancia de la figura del juez, que para un sector de la doctrina y para mi punto de vista en particular, el verdadero Derecho es el que emana de las sentencias y los tribunales, pues es donde verdaderamente se ve el impacto de una norma. Es el momento en el que deja de ser un simple enunciado plasmado en un documento para convertirse en un hecho real y tangible.
No obstante, esta ardua tarea de resolver los conflictos sociales no es sencilla, desgraciadamente siempre existirán discrepancias y cuestionamientos en cuanto a las decisiones pronunciadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales; por que hay que decirlo, el Derecho como toda ciencia social, no es una ciencia exacta, no existen fórmulas, recetarios o leyes absolutas, todo su contenido teórico y pragmático es debatible, pudiendo ser visto desde diferentes ópticas, de ahí la razón de que el Alto Tribunal de nuestro país tenga once ministros de diferente ideología.
Asimismo, siempre encontraremos personas ignorantes de esta situación, así como inconformes con la administración de justicia; siempre habrá personas osadas que no solo se quedan en el nivel de la inconformidad, sino que buscarán presionar a los juzgadores y en general a todos los operadores de la maquinaria judicial para conseguir un fallo favorable a sus intereses, normalmente son las personas que saben que por las formas legítimas no se consentirá su comportamiento desviado.
En ese sentido, la deontología jurídica y la ética judicial son tajantes en establecer como un principio que debe observar todo juzgador el de independencia. Desde un punto de vista filosófico la figura del juez debe tener un carácter y un temperamento que no le permitan acceder a presiones o influencias en sus decisiones.
Sin duda los postulados filosóficos del Derechos y la ética son el ideal de toda institución de impartición de justicia, son verdaderas pautas de comportamiento tanto para el ejercicio de la profesión como para la vida misma; pero por muy alta escala de valores que tenga un juzgador, debemos recordar que a final de cuentas son seres humanos con familias, que también pueden sentirse vulnerables ante una crisis.
Por ello es importante, que se encuentren blindados ante cualquier poder jurídico o fáctico que pretenda quebrantar la independencia judicial.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que es indispensable que se garantice un sistema de seguridad no solo para los jueces como titulares de la potestad jurisdiccional sino en general para todos los funcionarios judiciales, fiscales, investigadores, defensores, a fin de que puedan desarrollar su función de forma diligente.
Además, el Estatuto del Juez Iberoamericano amplía el rango de protección hacia los familiares de los jueces toda vez que al ser un aspecto de su vida con una alta carga emocional son un blanco fácil de presiones externas.
Así pues, en concordancia y total apego a los instrumentos internacionales muchos Estados han decidido adoptar como medidas de seguridad el tener guardias de seguridad en las instalaciones de los tribunales, brindar de escoltas policiales a jueces amenazados de forma grave, tener vehículos blindados contra balas, entre otras políticas de protección de su integridad personal.
Cabe precisar que salvaguardar la integridad y vida de los operadores de justicia se traduce en una condición esencial que permite dotar de eficacia al debido proceso. Cuando se permiten ataques frontales hacia los operadores de justicia no solo se atenta contra el individuo en particular sino contra todo el conglomerado social porque crea una barrera para una tutela judicial efectiva, así como un obstáculo para el derecho humano de acceso a la justicia que tiene todo individuo.
Ahora bien, en el terreno fáctico, en una Relatoría Especial de la ONU, hecha hace poco tiempo, se observó que en diversos países de América Latina se sigue ejerciendo violencia en contra de operadores de justicia; peor aun, lo más alarmante es que los crímenes dirigidos en contra de funcionarios judiciales no son investigados adecuadamente, mucho menos juzgados, quedan en total impunidad generando una grieta enorme en la estructura del Estado Democrático de Derecho.
Países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, Venezuela, y Honduras, son países en los que se han presentado de manera constante crímenes por cuestiones relacionadas con un tema jurisdiccional; no obstante, nuestro país causa una especial preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el crimen organizado constantemente ha buscado interferir con la actividad judicial por medio de la corrupción y la violencia, a tal grado que en 2012, en un reporte elaborado por el propio Consejo de la Judicatura Federal se reportó que 98 jueces y magistrados contaban con medidas de protección por haber tenido en sus manos asuntos relacionados con delitos contra la salud. Estas medidas contribuyeron favorablemente a que pudieran seguir conociendo sobre esos asuntos.
Desde otro enfoque, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha detectado en diferentes estudios que dependiendo la posición que guarda en el proceso el operador judicial, es la finalidad de la agresión a su persona o familiares. Tratándose de fiscales se busca evitar la continuación o deficiencia de la investigación; respecto a jueces la violencia en su contra tiene por objetivo traspasar su imparcialidad e independencia; y en cuanto a defensores públicos, se les agrede por ser una persona fácil de identificar que representa a los imputados o acusados, aunado a que suele asociarse de manera incorrecta el no poder conseguir su libertad con deficiencia profesional.
Ahora bien, todas estas conductas de violencia son ejercidas normalmente por la delincuencia organizada, sin embargo, la ciudadanía convencional también ha llegado a agredir a los operadores judiciales a través de insultos, envió de mensajes amedrentadores, hostigamientos así como otras faltas de respeto, por lo cual es necesario que también la sociedad adopte una postura de respeto al acudir a demandar justicia, normalmente estas conductas que no son mas que el producto de inconformidad social mal encaminada, suelen aumentarse cuando el caso es de relevancia nacional y con una gran cobertura por los medios de comunicación, quienes en muchas ocasiones de forma consiente o inconsciente incitan a la violencia en contra de las instituciones de procuración y administración de justicia.
Finalmente, es necesario reconocer las labores y esfuerzos de los Poderes Judiciales locales, así como del Poder Judicial de la Federación para proteger la independencia de sus funcionarios. No obstante, es una lucha que no debe parar, no debe bajarse la guardia, pues como sabemos el crimen organizado tiene una potencia lesiva superlativa que lo pone en una franca ventaja frente a las instituciones gubernamentales, tal y como lo pudimos observar esta semana en el lamentable homicidio cometido en perjuicio del Juez de Distrito Uriel Villegas.
Este crimen, no solo ofende a su familia y seres queridos, como dijo el Ministro Presidente Arturo Zaldívar. Se trata de un crimen de Estado, pues atenta contra una de las estructuras más importantes de la sociedad como es la impartición de justicia, la cual busca lograr la paz y armonía social.
Como abogados, debemos ser empáticos, exigir justicia en su nombre porque hoy fue un juez, mañana puede ser un fiscal, un defensor público o un litigante particular. Todos somos engranes de la misma maquinaria y todos pertenecemos al mismo gremio, por ello es importante que nuestra profesión se dignifique aun más, que cuente con las garantías necesarias para poder realizar la actividad profesional que va dirigida a curar un entorno social enfermo y cuyo diagnóstico es grave.
Por: Juan David Rodríguez Salgado.
Licenciado en Derecho, Maestro en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral. Candidato a grado de la Maestría en Derecho Penal. Docente en la Universidad Regional del Norte Ejecutiva, Chihuahua. Labora en la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública. Creador de Minutario.
Fuentes de información.
· Compendio de Estándares internacionales para la protección de la independencia judicial, consultable el 18 de junio de 2020 en https://www.cejil.org/sites/default/files/compendio_de_estandares_judiciales_online.pdf.
· Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, consultable el 18 de junio de 2020 en: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
· El rol del juez en el estado democrático y social de derecho y justicia, consultable el 18 de junio de 2020 en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6713638